A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, Casanare, y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare.

Causa de la controversia radica en una demanda ejecutiva de mínima cuantía presentada por el Instituto Financiero de Casanare, en contra de una ciudadana, con el fin de que se libre mandamiento de pago por una suma, referida en escrito de demanda, contenida en un pagaré suscrito por la demandada en favor del demandante.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que el demandante (el IFC) es una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y vinculada a la Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente de la Gobernación de Casanare, que tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social del departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos, entre otros.

Sin embargo, en el acto de constitución del IFC no consta que sea una entidad financiera y tampoco se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Igualmente advierte la Sala que si bien la parte demandante menciona la existencia de un contrato de mutuo o préstamo, el cual está garantizado por un título valor Pagaré, lo cierto es que en los anexos de la demanda solo aportó dicho título valor, la carta de instrucciones del mismo, y otros documentos, pero no se evidencia la existencia de un contrato estatal, en este caso, de crédito o mutuo, que haya sido suscrito entre las partes de la demanda, lo anterior, teniendo en cuenta que los contratos estatales gozan de la solemnidad de constar por escrito de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993.

Considera la Sala que no resulta procedente aplicar la excepción dispuesta en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, acoge el precedente de los Autos 403, 1027 de 2021, 553 de 2022, 554 y 618 de 2023, para decidir con la regla según la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas, en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare ara que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, Casanare.